Fue una gesta popular que comenzó con la declaración de huelga y toma del establecimiento y concluyó con una huelga general revolucionaria. La acción duró cuatro días, desde el 17 al 20 de enero y fue totalmente espontánea.
Gobernaba el país el Dr. Arturo Frondizi, que había llegado a la primera magistratura por medio de los votos peronistas y luego de un pacto que hizo con el propio Perón (que estaba proscripto). Pacto, donde entre otras cosas se comprometía a liberar a los presos políticos, gremiales y conexos, sancionar la Ley de Asociaciones Profesionales y otorgar un aumento de salarios de hasta el 60%. Una
vez en el gobierno, Frondizi rompe el pacto y comienza a escuchar las voces de la oligarquía y del Fondo Monetario Internacional (F.M.I.). Cambia la plataforma electoral por un plan de “austeridad y expansión” que consistía en privatizaciones, despido de empleados públicos, congelamiento de salarios, reducción de obras públicas y pago puntual de la deuda externa.
El gobierno de Frondizi pretende privatizar (léase desnacionalizar) el Frigorífico “Lisandro de la Torre”, por medio de una licitación internacional que al final será adjudicada a la C.A.P., (Corporación Argentina de Productores de Carne), que no es otra cosa que una empresa manejada por la oligarquía vacuna directamente ligada a los intereses comerciales de los EE.UU. e Inglaterra. ¿Por qué digo desnacionalizar? porque hasta ese momento el Estado Nacional recuperaba directamente una gran cantidad de divisas provenientes de su cuota de exportación de carnes.
Algunos datos a tener en cuenta: 1) Las instalaciones del frigorífico estaban valuadas en alrededor de 1.000 millones de pesos de entonces. 2) Por día se faenaban un millón y medio de kilogramos de carne vacuna para consumo. 3) En las tareas trabajaban 9.000 obreros y se sabía que los nuevos dueños iban a “racionalizar” el personal; cosa que así sucedió porque solamente quedaron trabajando
3.000 de aquellos nueve mil iniciales.
El día 12 de enero Frondizi eleva al Parlamento el proyecto de ley para privatizar el frigorífico. El 14 de enero, Sebastián Borro (delegado gremial, hombre de la Resistencia Peronista), irrumpe en el Congreso con otros compañeros, exigiendo “la defensa del patrimonio nacional y contra la entrega del frigorífico a manos privadas”. En asamblea multitudinaria del personal, se decide el paro de actividades
y la toma del frigorífico.
En la madrugada del 17 de enero, 1.500 hombres armados hasta los dientes, pertenecientes a la Policía Federal, Gendarmería y Ejército irrumpen en el frigorífico.
Los represores contaban con cuatro tanques de guerra norteamericanos (“Sherman”) de 35 toneladas cada uno. El primer tanque, el que rompe los portones está comandado por un joven oficial del Ejército, Jorge Esteban Cáceres Monié, más tarde jefe de Policía de la dictadura militar de Lanusse y mucho más tarde aún, abatido por un comando montonero en Entre Ríos, el 3 de diciembre de 1975. Entre sus filas, la Policía Federal, cuenta con otro represor de lujo, el comisario Luis Margaride, luego jefe de policía de Isabel Martínez y López Rega en 1974.
Volvamos a los hechos. Los atacantes, como expresé, rompen los portones y avanzan disparando tiros y lanzando gases a diestra y siniestra, en tanto los trabajadores resisten como pueden al grito de “Patria sí, colonia, no”.
Si bien fallan algunas medidas de defensa (tirar chorros de agua caliente a presión desde las mangueras existentes o largar 5.000 reses desbocadas entre las fuerzas represoras), otras sí logran efectivizarse: como tirarles los carros de faenamiento por las escaleras a los efectivos que quieren subir a apalear obreros; o desde las alturas del edificio, lanzar como improvisados y efectivos proyectiles, inmensas roldanas sobre las humanidades represoras.
Desalojados los obreros de la fábrica a un alto costo social y político (hay inclusive un muerto), la batalla se extiende a toda una barriada popular y combativa que si bien tiene como epicentro a Mataderos, alcanza también a Villa Lugano, Villa Luro, Liniers, Bajo Flores y parte de Floresta. En toda esa zona: cierran los negocios en solidaridad con los huelguistas; se corta la luz del barrio, inutilizando todos los focos de alumbrado; se hacen barricadas con los árboles y adoquines de las calles; se dan vuelta camiones; se incendian algunos colectivos; se siembran las calles con clavos “miguelito”; se levanta el empedrado de las calles por sectores, para que se atasquen los patrulleros que persiguen a los revoltosos; las puertas de las casas permanecen siempre cerradas para los represores, pero abiertas para asistir o ayudar a escapar a los resistentes. Es importante recalcar que se logra la adhesión de los obreros de la zona, de las fábricas de Jabón Federal y Pirelli. A nivel nacional se logra el paro de los ferrocarriles, el comercio y de las actividades del puerto de Buenos Aires. Y hay atentados con “caños” y explosivos, en solidaridad con la lucha obrera, en todo el país.
Resulta claro que una nueva generación, integrada por miles de jóvenes trabajadores, se incorpora a la lucha, aportando iniciativas y experiencias combativas inéditas en nuestra historia social.
Pero las traiciones de algunos dirigentes gremiales, captados por el “integracionismo” de Frondizi, terminan erosionando el conflicto. Es el caso de Eleuterio Cardozo del gremio de la carne y de Adolfo Cavalli de petroleros, que quitan el apoyo inicial dado a la huelga. Terminan encarcelados 264 obreros y activistas, entre los cuales está la dirección sindical del Frigorífico y el compañero Felipe Vallese, luego con el gobierno títere de José María Guido, convertido en el primer detenido-desaparecido de origen peronista. Durante ese año (1959), según el Ministerio de Trabajo, sólo en la Capital Federal se perdieron 10.078.138 horas de trabajo por las huelgas; y la International Labour Organisation estableció que era la mayor cifra mundial de horas caídas por huelga.
Concluyo con una frase de John William Cooke inserta en la proclama de la huelga del frigorífico dada a conocer a la opinión pública y donde refuta al gobierno que hipócritamente se escandaliza por el grado de violencia alcanzado en los sucesos antes relatados: “Si los medios de lucha que ha usado (la clase trabajadora) no son del agrado de los personajes que detentan posiciones oficiales, les recordamos que los ciudadanos no tienen la posibilidad de expresarse democráticamente y deben alternar entre persecuciones policiales y elecciones fraudulentas. No es posible proscribir al pueblo de los asuntos nacionales y luego pretender que acepte pasivamente el atropello de sus libertades, a sus intereses materiales y a la soberanía argentina. No sé si este movimiento nacional de protesta es ‘subversivo’, eso es una cuestión de terminología, y en los países coloniales son las oligarquías las que manejan el diccionario. Pero sí puedo decir que el único culpable de lo que pasa es el gobierno, heredero en esta materia de la oligarquía setembrina. Por el ello el pueblo está en su derecho de apelar a todos los recursos y a toda clase de lucha para impedir que siga adelante el siniestro plan entreguista. Esa y no otra es la meta que procura el Justicialismo encabezado por su Jefe, el General Perón”.
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